Tras una reunión clave con el Concejo Municipal, especialistas del sector advirtieron que hasta el 95% de las instalaciones locales presentan fallas críticas y solicitaron adecuar la legislación local a los estándares nacionales de la Asociación Electrotécnica Argentina para mitigar el alto índice de incendios de origen eléctrico.

Representantes del sector eléctrico, encabezados por el ingeniero electromecánico Horacio Dominino junto a Gerardo Manera y Diego Bolatti, mantuvieron un encuentro con los concejales de Rafaela para exponer la urgente necesidad de modernizar la normativa vigente, la cual data de la década de 1980.

Durante la reunión, los profesionales advirtieron que la ordenanza actual tiene cerca de 40 años de antigüedad y contiene errores técnicos, ya que no se ajusta a las reglamentaciones de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA), las cuales cuentan con el respaldo de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y son de cumplimiento obligatorio en todo el país.

La situación descrita por los especialistas es alarmante, estimando que entre el 85% y el 95% de las instalaciones eléctricas de la ciudad están mal ejecutadas, lo que conlleva riesgos directos de choque eléctrico e incendios.

El planteo técnico subrayó que el mayor problema actual es la falta de control efectivo y la vigencia de una reglamentación del año 1986 que no responde a la realidad técnica actual. Según datos proporcionados por Bomberos, entre el 40% y el 60% de los incendios registrados en la región se originan por fallas eléctricas, situaciones que los expertos consideran totalmente evitables si se aplicaran los estándares correctos. Entre las prácticas riesgosas detectadas se mencionaron el «puenteo» de disyuntores, el reemplazo de llaves térmicas por otras de mayor capacidad sin adecuar el cableado y la sobrecarga de instalaciones antiguas con artefactos modernos.

Los profesionales destacaron que, aunque una instalación bajo norma puede parecer inicialmente más costosa, el costo de un siniestro es significativamente superior tanto en términos económicos como en responsabilidades civiles y penales.

Para revertir este escenario, la propuesta presentada busca implementar un sistema que incluya la creación de un registro de instaladores eléctricos habilitados y la exigencia de un certificado de instalación eléctrica apta firmado por un profesional matriculado.

Asimismo, se planteó la necesidad de realizar verificaciones periódicas cada cinco años, ya que el simple chequeo manual del disyuntor por parte del usuario no garantiza el correcto funcionamiento del sistema de protección a largo plazo.

Esta iniciativa, que ya cuenta con modelos exitosos en provincias como Córdoba y Buenos Aires, apunta a redistribuir las responsabilidades entre el Municipio, las empresas de energía, los propietarios y los profesionales instaladores.

Desde la Federación Argentina para la Promoción de la Seguridad Eléctrica (APSE), apoyamos plenamente este tipo de iniciativas locales que tienden a proteger la vida y los bienes de las personas, disminuyendo drásticamente el riesgo de siniestros de origen eléctrico a través del cumplimiento de las normativas vigentes.