En los últimos años se han producido cambios significativos en la normativa argentina vinculada a la certificación de productos eléctricos, con impacto directo en fabricantes, importadores y consumidores.

El recorrido normativo comenzó en 1998 con la Resolución 92/1998, que estableció mayores garantías de seguridad eléctrica. Posteriormente, en 2015, la Resolución 508 introdujo la obligatoriedad del doble ensayo, lo que complejizó los procesos de certificación. Un año más tarde, la Resolución 171/2016 volvió al espíritu de la norma original, mientras que en 2021 la Resolución 1038 incorporó nuevas modificaciones. Finalmente, en 2024 se dictaron las Resoluciones 236 y 237, que modificaron el sistema de evaluación y fiscalización de los reglamentos técnicos en general, y en 2025 la Resolución 26 actualizó la 237, ampliando el alcance de productos incluidos.

Entre los principales cambios introducidos, se dispensa a la Aduana de realizar los controles documentales, tarea que pasa a estar a cargo de la Secretaría de Industria y Comercio, responsable de efectuar inspecciones documentales y físicas. Los productos alcanzados incluyen fuentes y cargadores, aparatos eléctricos de uso doméstico, dispositivos de eliminación, aparatos de electrónica, audio y video, así como máquinas y herramientas eléctricas accionadas por motor. Con la actualización del año 2025 se incorporaron también cables, caños, accesorios y cintas aisladoras.

La vigencia de los certificados será de dos años para fuentes y cargadores, electrodomésticos, dispositivos de iluminación y herramientas eléctricas, mientras que en el caso de aparatos de electrónica, audio y video el plazo se extiende a cuatro años. Se establecen excepciones para aparatos de menos de 50V, aunque si estos vienen acompañados de una fuente deberán igualmente certificarse, como ocurre con equipos para el cuidado de la piel y el cabello, electrodomésticos de cocina, herramientas portátiles y maquinaria de jardín eléctrica.

En cuanto a los organismos de evaluación, se reconocen tanto los acreditados por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) como entidades extranjeras con reconocimiento multilateral en el marco del IAF. Los certificados válidos podrán ser emitidos por organismos acreditados en el país, por organismos extranjeros con acuerdos multilaterales o dentro de esquemas globales de certificación. Estos esquemas deberán ajustarse a la norma ISO/IEC 17067 en sus distintas modalidades.

Un cambio de gran relevancia es la eliminación del sello argentino SC y la incorporación obligatoria, a partir del 1 de octubre de 2025, de un código QR visible en el producto o en su envase primario. Este código contendrá información sobre el importador o fabricante, los datos técnicos del producto y las certificaciones correspondientes. Además, se permitirá el ingreso de productos con fichas de distinta geometría a las normas IRAM 2063 y 2071, siempre que cuenten con el marcado específico exigido.

Las infracciones serán sancionadas conforme a la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y sus modificatorias, así como al Decreto 274/2019. Estas sanciones podrán ser administrativas, civiles o penales, en el marco del Reglamento de Procedimientos Administrativos.

Hoy es más importante que nunca que cada consumidor conozca esta reglamentación que dispone las medidas de seguridad en relación a materiales de instalación eléctrica, aparatos eléctricos y electrónicos. De esta manera, podrán tener el conocimiento que les permita elegir productos certificados.

Desde APSE continuaremos brindando información técnica y promoviendo la seguridad eléctrica como un derecho fundamental de los usuarios.