La iniciativa, registrada bajo el expediente 4356-D-2026, busca unificar los controles y normativas técnicas en todo el país para proteger la vida humana, el medio ambiente y los bienes frente a siniestros de origen eléctrico.
La Cámara de Diputados de la Nación recibió formalmente el proyecto de ley que propone la creación del Régimen Federal de Seguridad Eléctrica. La propuesta, firmada por el diputado Paulo Agustín Tita, ingresó bajo el número de expediente 4356-D-2026 y será girada en los próximos días a las comisiones parlamentarias correspondientes para dar inicio a su debate y tratamiento legislativo. Esta presentación constituye un paso trascendental en la consolidación de un marco regulatorio unificado que resuelva de manera de fondo las falencias técnicas que históricamente derivan en siniestros eléctricos graves en todo el territorio nacional.
El objeto central de la futura norma es salvaguardar la vida de las personas, el medio ambiente y el patrimonio público y privado mediante la obligatoriedad de cumplir con estándares técnicos reconocidos. Para ello, el régimen toma como referencia técnica indispensable las reglamentaciones vigentes elaboradas por la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA), el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). Asimismo, el proyecto determina la exigencia de emplear de manera exclusiva materiales, elementos y equipos eléctricos que se encuentren debidamente homologados y certificados por los procedimientos de evaluación de la conformidad aplicables, cerrando el paso a la comercialización de componentes defectuosos o fuera de norma.
La iniciativa contempla además la intervención obligatoria de profesionales electricistas registrados para el diseño, la ejecución, modificación, reparación y mantenimiento de los sistemas eléctricos. Con el fin de asegurar la idoneidad de quienes manipulan la infraestructura eléctrica, la ley impulsará de forma activa la gestión y creación de registros profesionales públicos en aquellas provincias, municipios o comunas que decidan adherirse voluntariamente al régimen federal. De este modo, la habilitación de suministro de energía eléctrica para nuevas obras o viviendas estará sujeta a una declaración de conformidad técnica emitida por un instalador habilitado. En el caso de las instalaciones preexistentes, se prevé una verificación gradual que priorizará los ámbitos de riesgo inminente, los inmuebles afectados por siniestros y los establecimientos públicos de alta concurrencia, tales como escuelas, centros de salud y hospitales.
Finalmente, el proyecto propone un enfoque inclusivo y federal que atiende las particularidades territoriales, climáticas y socioeconómicas de cada jurisdicción. La norma prevé el desarrollo de programas estatales de capacitación técnica homologada, asistencia técnica y adecuación progresiva para hogares vulnerables y asentamientos en proceso de regularización, garantizando que el acceso seguro a la electricidad no actúe como una barrera excluyente para los sectores socialmente desfavorecidos. Con la formalización de este proyecto en el Congreso, se avanza decididamente hacia la creación de una cultura de la prevención federal y coordinada para que la sociedad viva en entornos libres de peligros eléctricos.
